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Leyendo bibliografía sobre el nacimiento de las Cámaras de Comercio, decubres que si bien hoy se han convertido en ir organismo de escasa eficiacia para sus obligados miembros, su concepción inicial era todo un brindis por la industrialización y fomento del emprendedurismo.

Así, Rafael Anes Alvarez de Castrillón, recoge en “Creación de las Cámaras de Comercio”:

Por Real Decreto de 9 de abril de 1886 se da carácter oficial a las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, asociaciones con las que se pretendía dar un impulso a la vida económica española y amparar los intereses de trabajo e industria. En el mismo Decreto se señalaba los lugares donde podían fundarse estas asociaciones, en los puertos que tenían Aduanas de Primera clase y en las plazas mercantiles e industriales más importantes de España.

Las Cámaras se definen entonces como “las asociaciones de carácter permanente que usando de su libertad constitucional fundan los comerciantes, industriales, navieros y capitanes de la marina mercante”.

En la exposición de motivos del Decreto se dice que “el trabajo y la industria, al compás de los demás intereses de la vida humana, y quizás con mayor necesidad que algunos de ellos, no están suficientemente amparados con la aislada actividad del individuo”, por lo que era necesario que con la libre asociación tuviesen poderosos organismos que, sin coartar la libertad de cada uno, pudiesen obtener “prontos y eficaces beneficios para el desarrollo y engrandecimiento de aquellos generales intereses”.

No obstante, la legislación sobre las Cámaras de Comercio ha variado en los últimos años, y la Ley 3/1993, que actualmente rige a las Cámaras, las define como Corporaciones de Derecho Público y reconoce la importancia de su labor como instituciones intermedias en la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y la navegación, y en la consolidación del tejido económico del país.

No se habla más de libre asociación o de coartación de la libertad. La modernización de las Cámaras lleva implícita la obligatoriedad de pertecer a ellas y de pagar las cuotas de asociado en el caso de tener beneficios empresariales a todas las compañías y trabajdores por cuenta propia con sede en España.

A pesar de estar pensadas para fomentar la industria y el comercio, nada sabe la mayoría de los emprendedores de las Cámaras a la hora de fundar una empresa. La primera noticia de su existencia suele producirse, eso sí, cuando la época de bonanza llega al negocio. Reclaman una renta que se le debe satisfacer por el mero hecho de pertenecer. No importa si la pertencia pasa por una decisión o no, las Cámaras están ávidas de renta… sólo hasta un 60%, según legislación, pero la cuota de financiación mayoritaria del organismo que nace para promover la industria y el comercio no sale del mercado.

En el año 2006, una sentencia del Tribunal Constitucional contemplaba la posible inconstitucionalidad del “recurso cameral permanente” precisamente por vulnerar la libre asociación. No obstante, al ser las Cámaras Corporaciones de Derecho Público, la obligatoriedad de pertenecer a ellas estaría justificada si los ingresos son necesarios para justificar los fines de interés público por las que fueron creadas.

Según nuestros nuevos ministros estamos en un momento en que la competitividad y productividad deben ser las máximas de nuestras empresas. Apliquénselo, señores camerales, y abandonen el rentismo. Aplíquenselo, señores ministros y miembros del gobiernos y dejen de sostener una red clientelar en “beneficio de las empresas”. El mercado está ahí fuera, y funciona, para todos…